El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto (publicado en el BOE del 17 de marzo de 2009) por el que se dispone el levantamiento de la reserva definitiva del Estado para la explotación de minerales radioactivos en el área denominada “Mazarete. Guadalajara”, situada al norte de la provincia de Guadalajara, y cuyo derecho de explotación recaía en la Empresa Nacional Uranio SA (ENUSA).
Ante los evidentes perjuicios para Aragón y los nulos beneficios, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
(Aprobada por unanimidad del pleno de las Cortes de Aragón, en Zaragoza a 25 de junio de 2009)
Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a:
1.-Seguir adoptando cuantas medidas administrativas sean necesarias, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, para evitar que las cuencas de los ríos Mesa y Piedra puedan sufrir alteraciones en la calidad de sus aguas por contaminación de uranio y radón procedentes del posible desarrollo de un proyecto de explotación minera de uranio en las localidades de Selas, Anquela del Ducado, Turmiel y Estables (provincia de Guadalajara) donde nacen o toman sus aguas los referidos ríos.
2.-Plantear, a través del Departamento de Medio Ambiente, la disconformidad y oposición del Gobierno Aragonés con los proyectos mineros de explotación de uranio “Aragoncilllo I” y “Aragoncillo II”, actualmente en tramitación, y solicitando el pronunciamiento negativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, en consonancia con su posición en el cercano yacimiento de Mazarete, en el que acordó la no registrabilidad para la actividad minera, evite la extracción de uranio como medida para preservar la riqueza medioambiental de la zona. Todo ello por sus graves afecciones a los tramos de los ríos Mesa y Piedra, pertenecientes a la subcuenca del Jalón y Cuenca del Ebro atendiendo al principio de unidad de cuenca, al artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.
El Portavoz Adjunto, D. Bizén Fuster Santaliestra
